La actualización del régimen sancionatorio aduanero, propuesta en el Proyecto de Ley 312 de 2025, representa una de las transformaciones más relevantes de la última década en Colombia. La iniciativa, radicada el 30 de octubre en el Senado, introduce herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, big data e interoperabilidad de sistemas, que permitirán detectar operaciones sospechosas, mejorar la trazabilidad de mercancías y aumentar la transparencia documental.

El análisis de KPMG Colombia advierte que, pese a los avances tecnológicos, la reforma amplía el poder sancionatorio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y genera nuevos retos para las pequeñas empresas. La firma resalta que el texto presenta “zonas grises” en la definición de infracciones, otorgando “amplias facultades sancionatorias a la Dian, sin fortalecer de manera proporcional los mecanismos de defensa de los operadores”. Este desequilibrio podría aumentar la litigiosidad y generar incertidumbre entre los empresarios que participan en operaciones aduaneras.

Contexto y alineación con estándares internacionales

El proyecto busca modernizar procedimientos y alinear la normativa con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas, objetivo considerado pertinente en un entorno global que exige mayor trazabilidad y transparencia. No obstante, KPMG advierte que estas metas deben alcanzarse sin imponer cargas excesivas a los contribuyentes ni debilitar los canales de defensa administrativa, pues de lo contrario la modernización podría convertirse en un obstáculo en lugar de una herramienta de competitividad.

Impacto sobre las pequeñas y medianas empresas

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es su efecto sobre las pymes del comercio exterior. Los nuevos requerimientos de trazabilidad y los sistemas de reporte podrían generar mayores costos operativos y cargas administrativas. Sin fases de implementación gradual o acompañamiento técnico, las pequeñas empresas podrían quedar en desventaja frente a los grandes operadores, advirtió KPMG.

Equilibrio entre control y desarrollo

Según Sebastián Mendivelso, gerente de Global Customs & Excise en KPMG Colombia: «La reforma introduce innovaciones necesarias, pero aún carece de un equilibrio claro entre el control aduanero y la garantía de derechos». La firma enfatiza que la efectividad del sistema no se mide solo por sanciones, sino por claridad normativa y confianza de los operadores.

Conclusión estratégica

El llamado de los expertos es mantener un balance entre control estatal y desarrollo empresarial. «Colombia puede aprovechar esta reforma para construir un sistema más transparente y digital, pero debe hacerlo sin sacrificar la seguridad jurídica que permite atraer inversión y fortalecer la confianza en el comercio exterior», concluyó Mendivelso. La discusión sobre la Ley 312 de 2025 refleja la necesidad de un enfoque moderno, eficiente y justo para la relación entre el Estado y el sector privado.