Un total de 1.043 megavatios adicionales se preparan para comenzar construcción durante 2026, según el informe de SER Colombia. A mediano plazo, otros 5.843 megavatios tienen previsto iniciar obras entre 2027 y 2029.

En el mismo horizonte de cinco años, el gremio prevé que se incorporarán entre 6.000 y 9.000 megavatios adicionales. Este volumen representaría un ahorro potencial de hasta 7 billones de pesos en tarifas para todos los colombianos.

“Tenemos la oportunidad de seguir fortaleciendo la soberanía energética del país. La implementación de las decisiones correctas nos permitiría incorporar entre 6.586 y 9.500 megavatios en los próximos cinco años”, destacó Alexandra Hernández.

Para continuar este camino, el país tiene la oportunidad de duplicar lo logrado en los próximos cinco años. Esto significa incorporar al menos 6.000 megavatios nuevos de energía renovable, con una inversión cercana a 5.000 millones de dólares.

“Cuando el gremio, las empresas y el Gobierno suman esfuerzos, logramos complementariedad con otras fuentes. Eso se traduce en seguridad energética, tarifas más accesibles para las familias, proyectos que entran rápidamente en operación y oportunidades reales para las comunidades y regiones”, agregó Hernández.

Capacidad instalada prevista

De acuerdo con SER Colombia, 2026 finalizará con 4.200 megavatios de capacidad instalada en energías renovables. De ese total, 2.876 megavatios serán de proyectos de mediana y gran escala en operación comercial o en pruebas.

Los 1.200 megavatios restantes corresponden a recursos distribuidos, es decir, autogeneración a pequeña y gran escala y generación distribuida.

Esta capacidad es equivalente al consumo eléctrico de Bogotá y su área metropolitana, beneficiando a 10,2 millones de colombianos.

En términos ambientales, permitiría evitar la emisión de 1,24 millones de toneladas de CO₂ al año, como si se retiraran de circulación más de 265.000 carros.

Requerimientos para 2026

Sin embargo, el gremio aseguró que durante 2026 es necesario expedir en firme las normas acordadas en la agenda de trabajo con el Gobierno Nacional. Estas abarcan entrada en operación de plantas menores, almacenamiento con baterías, autogeneración remota y metodología de desviaciones.

También contemplan la implementación de subastas de cargo por confiabilidad y contratos de largo plazo. A esto se suma la ejecución de un plan para agilizar trámites en seis meses, establecer un plan de pagos de subsidios que mantenga la confianza inversionista, reconsiderar reglas de intervención al mercado eléctrico y construir una política de largo plazo que asegure el crecimiento sostenido de las energías limpias.