Con el propósito de mitigar el riesgo de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, que podrían alcanzar hasta el 12% debido a la carencia de medidas frente a la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso, el Gobierno publicó un borrador de resolución.

Esta normativa dispone lineamientos generales para que los operadores de comercio exterior asuman la gestión autónoma de los riesgos vinculados al trabajo forzoso dentro de sus respectivas cadenas de suministro.

Gestión técnica a través de la VUCE

El procedimiento operativo recaerá sobre el Ministerio de Comercio, entidad que, mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), procederá con la recepción, análisis y valoración de cualquier reporte, denuncia, petición, comunicación o dato vinculado a bienes fabricados total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.

El borrador precisa el alcance de dicha recepción documental: “La recepción de denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones o información no implicará, por sí sola, la acreditación de la existencia de trabajo forzoso u obligatorio. La información recibida será gestionada con fines de prevención, análisis, debida diligencia y coordinación institucional, y será tenida en cuenta para la elaboración, actualización o revisión de los criterios e indicadores de riesgo previstos en la presente resolución, de conformidad con los criterios y estándares en ella establecidos, sin perjuicio de su traslado a las autoridades competentes cuando a ello hubiere lugar”.

Marco normativo y justificación institucional

La fundamentación de esta resolución radica en la mayor integración de las cadenas globales de suministro. Al respecto, el Ejecutivo expone que dicho fenómeno “ha incrementado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y gestión de riesgos asociados a posibles vulneraciones de los derechos humanos en el desarrollo de actividades empresariales, particularmente frente a la utilización de trabajo forzoso u obligatorio en la producción y comercialización de bienes objeto de comercio internacional”.

En consonancia con esta política, el Gobierno recordó la vigencia del Decreto 552 de 2026. Mediante esta norma se determinan los lineamientos en materia de Empresas y Derechos Humanos para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, incentivando la adopción de medidas de debida diligencia, coordinación institucional y gestión del riesgo en el marco de sus competencias.