La creciente tensión en puntos clave como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo no solo ha disparado los costes logísticos globales, sino que ha generado un punto de inflexión en el sector asegurador: la naturaleza de los conflictos ha cambiado. Al pasar de ser incidentes de piratería tradicional a episodios donde un Estado tiene participación directa, las pólizas marítimas de guerra han quedado en el centro de una crisis que amenaza con dejar a la deriva la seguridad de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Un nuevo paradigma: el actor estatal

El director jurídico de Tiba (Grupo Romeu), José Zaragosí, fue contundente durante una jornada de geopolítica y transporte marítimo organizada por la Universidad Europea de Valencia al señalar que los ataques actuales no pueden reducirse a la piratería o el terrorismo marítimo tradicional. «En el estrecho de Ormuz, la diferencia es que hay un actor estatal implicado», sostiene Zaragosí. Esta distinción es, a ojos de los expertos, la causa fundamental de que el mercado de seguros haya entrado en una fase de incertidumbre sin precedentes.

Esta implicación directa o indirecta de un gobierno altera la consideración del riesgo y, por ende, la viabilidad de las coberturas. «Lo que está ocurriendo en Ormuz no es ni piratería ni terrorismo por lo que los seguros son diferentes y eso afecta también a los pagos, coberturas y pólizas», explica el directivo. Mientras que antes se enfrentaba a criminales organizados, hoy la geopolítica, como señala el interventor militar y doctor en investigación y desarrollo, Jesús de Salvador y Cerdán, «afecta más que la piratería».

La encrucijada jurídica y el «riesgo asegurado»

Este cambio de paradigma choca frontalmente con la estructura legal de los seguros. El profesor de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I, Albano Gilabert, subraya que aunque los conflictos bélicos son «susceptibles de asegurarse», es vital distinguir entre el riesgo asegurable y el riesgo efectivamente asegurado. La Ley de Navegación Marítima española y las pólizas ordinarias excluyen de base los daños por guerra, bloqueos o apresamientos.

Aunque el mercado ha desarrollado pólizas especializadas —como las Institute War and Strikes Clauses—, estas poseen exclusiones críticas, como los daños causados por armas nucleares o conflictos directos entre grandes potencias (ejemplo de China y EE. UU.). Además, ante el aumento de la tensión, la práctica se ha vuelto compleja:

• Disputa de responsabilidad: Es habitual que la aseguradora ordinaria busque clasificar el siniestro como «acto de guerra» para trasladar la responsabilidad, mientras que la aseguradora de guerra intenta desvincularse argumentando la inexistencia de un ataque directo.
• La causa determinante: Si la causa es un ataque bélico, rige la póliza de guerra; si es un accidente derivado del caos del conflicto pero sin ataque directo, se activa la póliza convencional.

La respuesta estatal y el riesgo de cancelación

Ante la ambigüedad en los siniestros, las aseguradoras han optado por cancelar coberturas masivamente, dejando buques desprotegidos. Esto ha forzado a los gobiernos a intervenir. En marzo, Donald Trump anunció un programa de respaldo a través de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), que contempla un fondo de reaseguro de hasta 20.000 millones de dólares para el golfo Pérsico. Sin embargo, su efectividad es incierta; dos meses después, según el Financial Times, el programa apenas ha tenido actividad.

En el plano legal, la protección de los armadores se está apoyando en la doctrina de las «garras del peligro». Aplicada por la justicia británica en casos como la guerra en Ucrania, esta tesis impide que una aseguradora cancele una póliza si el bien ya estaba expuesto al peligro en el momento de la rescisión. «Si las mercancías o el buque ya estaban bajo las garras del peligro, la cobertura seguiría vigente», afirma Gilabert. Pese a esto, la última palabra sigue recayendo en la interpretación judicial, lo que mantiene al sector en una tensión permanente. Como resume Jesús de Salvador y Cerdán: «Sin orden, no hay seguridad y sin seguridad, no hay comercio».