La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) radicó un proyecto de ley con el propósito de simplificar el régimen sancionatorio aduanero, tras la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Sentencia C-072 de 2025. Esa sentencia otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo en materia de sanciones y decomiso de mercancías. El proyecto debe presentarse antes del 20 de junio de 2026.

Objetivo y alcance del proyecto

Este proyecto fue construido después de mesas de trabajo con los gremios. El empresariado no solo solicitó elevar a rango de ley el marco sancionatorio, sino también reestructurarlo para mayor claridad normativa. La propuesta describe los procesos aplicables en situaciones de decomiso y plantea delimitar con precisión las sanciones y las facultades de las autoridades aduaneras para emitirlas, así como para ordenar el decomiso de mercancías.

Carlos Emilio Betancourt, director general encargado de la Dian, aseguró que el proyecto está alineado con estándares internacionales y que le da al país un marco normativo claro frente a actividades ilegales.

«El propósito del nuevo régimen sancionatorio es fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, dotando al país de un marco normativo claro y actualizado que aporte seguridad jurídica y responda a la dinámica del comercio exterior hacia el futuro», explicó el director general encargado.

Cambios previstos en el régimen sancionatorio

El proyecto propone la reorganización del catálogo de infracciones, que pasaría de 357 a 80. Las causales de aprehensión se reducirían de 42 a 26. También contempla la flexibilización del tránsito fronterizo, la eliminación del pago consolidado como medida residual y de la sanción directa sobre las cancelaciones, además de nuevas reglas de gradualidad de las sanciones.

Entre los aspectos relevantes del proyecto, se precisa que nadie será objeto de sanciones ni de decomiso si no está conforme con las normas preexistentes. Tampoco podrá imponerse doble sanción por el mismo hecho. Además, se indica que la mercancía no podrá ser retenida más de una vez por una misma causa.

Lineamientos para fiscalización y auditorías

Con la entrada en vigor de la ley, las autoridades aduaneras deberán garantizar el cumplimiento de todos los requisitos en los procesos de fiscalización. Son los funcionarios encargados de estas labores quienes estarán facultados para realizar investigaciones, imponer infracciones, ordenar aprehensión y ejecutar decomisos de mercancías.

El proyecto también incorpora ajustes en las auditorías para revisar la transparencia de los procesos y de las operaciones empresariales, con el fin de garantizar mayor control en las actuaciones de comercio exterior.

En el texto se sostiene: «El alcance del presente proyecto de ley es principalmente expedir el régimen sancionatorio aduanero, de decomiso, y su procedimiento aplicable ante el incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aduaneras en el marco de las operaciones de comercio exterior. El cual se hace necesario y urgente por cuenta del aumento en el incumplimiento de las obligaciones, responsabilidades, procedimientos trámites que se encuentran previstos en el Decreto 1165 de 2019», se lee en el proyecto de ley.

Visión de Analdex sobre la reforma

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) destacó que el cambio más representativo es la reorganización del catálogo de infracciones. Juan Diego Cano, director de asuntos legales de Analdex, explicó que se reemplazaría la actual estructura por tipo de usuario aduanero, para adoptar un enfoque basado en la conducta y la obligación incumplida. Esto permitiría eliminar redundancias y consolidar el régimen de forma más lógica y simplificada.

Analdex indicó que el proyecto establece que las investigaciones por conductas descritas en el Decreto Ley 920 (a transformar), pero que desaparecerán en la nueva ley, se archivarán. «Para aquellas faltas que se mantienen o son homologadas en el nuevo catálogo, el proceso continuará bajo el principio de favorabilidad», agregó Cano.

En la elaboración del proyecto participaron el Ministerio de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo, la Presidencia y la Dian.